Conocimiento bajo llave 2026 ¿Cómo romper el cerrojo?

El cercamiento del conocimiento: Oligopolios editoriales, privatización del derecho de autor y la urgencia de una ciencia pública, abierta y soberana
10/09/2026 , Auditorio Julieta Fierro

El modelo actual de publicación científica enfrenta una crisis de legitimidad y sostenibilidad, marcada por la concentración editorial, costos y cesión de derechos. La ponencia analiza esta paradoja y propone estrategias jurídicas e institucionales para recuperar la soberanía académica, fortalecer infraestructuras públicas y consolidar el conocimiento científico como bien común.


El modelo contemporáneo de publicación científica atraviesa una profunda crisis de legitimidad, sostenibilidad y gobernanza. Aunque la producción académica constituye uno de los principales motores para la generación y circulación del conocimiento, su difusión se encuentra actualmente condicionada por un sistema editorial altamente concentrado, en el que un reducido grupo de empresas multinacionales controla una parte significativa de las principales revistas, bases de datos e infraestructuras de comunicación científica. Esta concentración ha convertido progresivamente el conocimiento producido, en buena medida, con recursos públicos en una mercancía sometida a dinámicas de rentabilidad privada.

La presente ponencia parte de una paradoja fundamental: las universidades y comunidades académicas producen conocimiento mediante investigación financiada frecuentemente con fondos públicos; las y los investigadores escriben los artículos, participan en procesos de evaluación por pares y contribuyen a la construcción de los contenidos científicos sin recibir, en muchos casos, una remuneración directa por estas actividades. Sin embargo, las instituciones públicas deben posteriormente asumir elevados costos para publicar dichos trabajos mediante cargos por procesamiento de artículos —Article Processing Charges (APC)— o para acceder a ellos mediante suscripciones institucionales. De esta manera, el sistema reproduce una estructura en la que el conocimiento puede llegar a pagarse dos veces con recursos públicos, primero para producirlo y publicarlo, y posteriormente para acceder a él.

El problema no se limita a una cuestión económica. La concentración editorial también produce efectos sobre la autonomía universitaria, la libertad académica y la soberanía del conocimiento. Las métricas comerciales de impacto, los sistemas de clasificación y los criterios de evaluación asociados a determinadas publicaciones condicionan las trayectorias académicas y las políticas institucionales de investigación. A ello se suma la cesión masiva de derechos de autor, mediante la cual las comunidades académicas transfieren a actores privados facultades patrimoniales sobre resultados cuya producción ha sido sostenida, directa o indirectamente, por instituciones públicas.

Desde una perspectiva normativa, institucional y de gobernanza pública, la ponencia examina las transformaciones provocadas por la digitalización. Si bien las tecnologías digitales han reducido sustancialmente los costos materiales de reproducción y distribución del conocimiento, no necesariamente han democratizado su circulación. Por el contrario, han permitido consolidar nuevos modelos de intermediación caracterizados por barreras de acceso, concentración de datos y apropiación privada de infraestructuras esenciales para la comunicación científica.

Frente a este escenario, se plantea la necesidad de reconsiderar jurídicamente la naturaleza del conocimiento científico y las condiciones bajo las cuales se produce, administra y distribuye. La ponencia propone explorar mecanismos que permitan a las universidades públicas recuperar y preservar derechos sobre la producción académica financiada con recursos públicos; fortalecer repositorios institucionales; promover infraestructuras de acceso abierto; revisar los modelos de contratación con grandes editoriales y avanzar hacia estrategias coordinadas de negociación y cancelación de suscripciones.

En última instancia, se sostiene que la transformación del sistema de publicación científica no constituye únicamente una cuestión editorial, sino un problema de gobernanza democrática del conocimiento. Recuperar la capacidad de las instituciones públicas para decidir cómo se produce, circula y conserva la investigación supone reivindicar el conocimiento científico.

Gustavo Eduardo Castañeda Camacho es Licenciado, Maestro y Doctor en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, todos los grados obtenidos con mención honorífica. Cuenta con estudios de Máster en Democracia y Gobierno por la Universidad Autónoma de Madrid, así como estudios de posgrado en Derecho Internacional y Relaciones Internacionales por la Universidad Complutense de Madrid.

Ha realizado estancias de investigación en la Universidad del Rosario, en Colombia, y en el Instituto Internacional de Sociología Jurídica de Oñati, en el País Vasco. Ha sido recipiendiario de destacados reconocimientos académicos otorgados por Fundación Carolina y Santander Universidades.

Su producción académica incluye libros, capítulos de libro y artículos publicados en revistas jurídicas especializadas e indexadas de alto rigor científico. En el ámbito profesional, se ha desempeñado como consultor jurídico en la Corte Constitucional de Colombia. Asimismo, en la administración pública fungió como Subdirector de Cultura y Atención en Derechos Humanos en la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

Actualmente es profesor de tiempo completo en la Facultad de Derecho de la UNAM, donde imparte diversas asignaturas, tanto en la licenciatura como en la Maestría. Es Investigador Nacional reconocido por el Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación.

Forma parte activa del padrón de tutores del Programa de Posgrado en Derecho de la UNAM, del Grupo de Trabajo sobre la Reforma del Sistema de Justicia en México del Aspen Institute, del Observatorio de Organismos Constitucionales Autónomos, del Observatorio Internacional de Derechos Humanos del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México, así como de la Red Mexicana de Derecho Sanitario.